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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación contra las bases…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2016

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación contra las bases de una licitación de medicamentos que exigían certificados de B.P.M. emitidos por autoridades sanitarias extranjeras y certificados de equivalencia terapéutica, además de puntajes asociados a esos subfactores. El tribunal acogió parcialmente la acción y declaró ilegales y arbitrarias esas exigencias y los puntajes correspondientes, por vulnerar los principios de publicidad, transparencia e igualdad y por no ajustarse a la normativa nacional, que solo requiere registro sanitario vigente para comercializar un producto en Chile. En consecuencia, ordenó retrotraer la licitación al estado de modificar las bases y eliminar toda mención a dichos certificados, subfactores, ítems y deducciones, y rechazó la acción en todo lo demás. Cada parte pagó sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede una licitación pública exigir certificados de buenas prácticas de manufactura emitidos por autoridades sanitarias extranjeras?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria esa exigencia, por vulnerar los principios de publicidad, transparencia e igualdad y no ajustarse a la normativa nacional, que solo requiere registro sanitario vigente para comercializar un producto en Chile.

¿Es válido que las bases de una licitación asignen puntaje a certificados de equivalencia terapéutica no exigidos por la normativa nacional?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrario el puntaje asociado a ese subfactor, junto con las exigencias de certificados extranjeros, y ordenó eliminar toda mención a dichos certificados, subfactores, ítems y deducciones de las bases.

¿Qué ocurre con la licitación si el Tribunal de Contratación Pública acoge parcialmente una impugnación contra las bases?

En este caso, el Tribunal ordenó retrotraer la licitación al estado de modificar las bases y eliminar las exigencias y puntajes declarados ilegales, rechazando la acción en todo lo demás y disponiendo que cada parte pagara sus costas.

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