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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe en el que analiza una denuncia por con…

Informe · Fiscalía Nacional Económica · 2012

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe en el que analiza una denuncia por conductas anticompetitivas atribuidas a dos embotelladoras, consistentes en obstaculizar la comercialización de bebidas importadas de forma paralela. El denunciante sostenía que las empresas habrían ejercido prácticas exclusorias para sacar del mercado los productos importados que distribuía. Tras las diligencias, la Fiscalía constató que tanto el denunciante como los locatarios que venden sus productos los comercializan sin limitaciones ni restricciones, y que no se verificaron los hechos denunciados ni se observaron indicios de actos contrarios a la libre competencia. Además, se consideró que existe una norma legal expresa en materia de propiedad industrial que autoriza la importación de productos legítimos cuya marca está inscrita en el país a nombre de un tercero. Por ello, la División de Investigaciones sugirió no iniciar una investigación respecto de los hechos descritos en la denuncia.

Normas citadas

  • Ley N° 19.039
  • Decreto Ley N° 211
  • Resolución N° 5
  • Resolución N° 26
  • ResolucióN° 38

Preguntas frecuentes

¿Qué hace la Fiscalía Nacional Económica frente a una denuncia por conductas anticompetitivas si no verifica los hechos?

En este caso, la Fiscalía constató que no se verificaron los hechos denunciados ni se observaron indicios de actos contrarios a la libre competencia, por lo que la División de Investigaciones sugirió no iniciar una investigación.

¿Es anticompetitivo obstaculizar la comercialización de productos importados de forma paralela?

En este caso, la Fiscalía no observó indicios de actos contrarios a la libre competencia, pues tanto el denunciante como los locatarios comercializan los productos sin limitaciones ni restricciones.

¿La importación paralela de productos con marca inscrita en Chile es contraria a la libre competencia?

En este caso, la Fiscalía consideró que existe una norma legal expresa en materia de propiedad industrial que autoriza la importación de productos legítimos cuya marca está inscrita en el país a nombre de un tercero.

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