La Contraloría General de la República emitió un dictamen que interpreta el inciso cuar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
Resumen
La Contraloría General de la República emitió un dictamen que interpreta el inciso cuarto del artículo 26 de la ley N° 21.796, de Presupuestos del Sector Público para 2026, sobre las transferencias consolidables entre organismos incluidos en la ley de presupuestos. Explica que estas transferencias no alteran el patrimonio final del Estado y se registran en los subtítulos 24-02 y 05-02 para evitar sobrevaluar ingresos y gastos del Gobierno Central. Concluye que pueden aprobarse mediante resolución o decreto, sin necesidad de convenio, salvo que la glosa presupuestaria o la jefatura del servicio disponga lo contrario. Los actos que las aprueban quedan exentos de toma de razón, sin perjuicio de su control posterior por la Contraloría, que los mantendrá a disposición para su examen sin necesidad de remitirlos.
Normas citadas
Ley 10336 art/9
ley 21796 art/26 inc/4
RES 36/2024 contr art/25
RES 36/2024 contr art/26
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Las transferencias consolidables entre organismos del presupuesto público necesitan convenio para aprobarse?
En este dictamen, la Contraloría concluye que estas transferencias pueden aprobarse mediante resolución o decreto, sin necesidad de convenio, salvo que la glosa presupuestaria o la jefatura del servicio disponga lo contrario.
¿Los actos que aprueban transferencias consolidables entre organismos públicos deben ser tomados de razón por la Contraloría?
Según este dictamen, los actos que las aprueban quedan exentos de toma de razón, aunque la Contraloría mantiene su control posterior y los tiene a disposición para su examen sin necesidad de remitirlos.
¿Cómo se registran las transferencias consolidables entre organismos del Estado en la ley de presupuestos?
La Contraloría explica que estas transferencias no alteran el patrimonio final del Estado y se registran en los subtítulos 24-02 y 05-02, para evitar sobrevaluar ingresos y gastos del Gobierno Central.
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