La Contraloría General de la República dictaminó que debían devolverse las resoluciones…
Dictamen · Contraloría General de la República · 1995
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que debían devolverse las resoluciones de la Dirección General de Aguas que aprobaban convenios de cooperación con la Universidad Católica para la realización de determinados estudios. El organismo concluyó que, en sustancia, se trataba de convenios de prestación de servicios que no cumplían las exigencias del artículo 16 del DL 1.608/76 y de su reglamento, aprobado por decreto 98/91 del Ministerio de Hacienda. Además, estimó que el aporte que la Dirección se obligaba a efectuar constituía una remuneración a suma alzada, con independencia de si se limitaba o no a los gastos que la ejecución del estudio generaba para la universidad. En una de las resoluciones, señaló que el plazo de 190 días para el estudio excluía las etapas de observaciones, revisiones y aprobación final, aunque una cláusula las incluía en dicho plazo, sin considerar que su suma superaba los 190 días. Finalmente, precisó que cualquier aumento del plazo acordado por las partes debe formalizarse mediante un acto administrativo debidamente tramitado.
ContraloríaCGRdictamenaguas
Preguntas frecuentes
¿Un convenio de cooperación entre un organismo público y una universidad puede usarse para encargar estudios que en realidad son prestación de servicios?
No necesariamente. En este caso, la Contraloría concluyó que los convenios de la Dirección General de Aguas con la Universidad Católica eran, en sustancia, de prestación de servicios y no cumplían las exigencias del artículo 16 del DL 1.608/76 y su reglamento, por lo que ordenó devolver las resoluciones que los aprobaban.
¿Constituye una remuneración a suma alzada el aporte que un organismo público se compromete a pagar por un estudio encargado a una universidad?
En este caso, la Contraloría estimó que el aporte comprometido por la Dirección General de Aguas constituía una remuneración a suma alzada, aunque se limitara o no a cubrir los gastos que la ejecución del estudio generaba para la universidad.
¿Cómo debe formalizarse un aumento del plazo acordado para un estudio en un convenio con un organismo público?
Según este dictamen, cualquier aumento del plazo acordado por las partes debe formalizarse mediante un acto administrativo debidamente tramitado. Además, en una de las resoluciones revisadas, la Contraloría observó que una cláusula incluía etapas de observaciones y aprobación final en un plazo que no consideraba que su suma superaba el plazo pactado.
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