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El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por i…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra una frase del artículo 23 de la Ley N° 20.129, que regula el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. La norma impugnada impedía apelar ante el Consejo Nacional de Educación contra resoluciones de acreditación institucional que otorgaban menos años de acreditación, lo que el requirente consideró contrario a la igualdad ante la ley. El Tribunal acogió el requerimiento, razonando que un cambio sobreviniente en la regulación de la educación superior tornó arbitrario o irracional que solo se permitiera apelar respecto de cierto tipo de resoluciones críticas o de alto impacto, y no respecto de otras determinaciones de equivalente envergadura, como la duración de la acreditación, que incide en el acceso a la gratuidad y en los aranceles de referencia. La sentencia fue redactada por un ministro, con disidencia y prevención de otros ministros.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que no se pueda apelar contra la duración de la acreditación institucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la frase que impedía apelar contra resoluciones de acreditación con menos años, por considerarla contraria a la igualdad ante la ley.

¿Qué pasa si la ley impide apelar solo respecto de algunas resoluciones de acreditación?

El Tribunal Constitucional sostuvo que un cambio sobreviniente en la regulación tornó arbitrario o irracional permitir apelar solo respecto de cierto tipo de resoluciones críticas y no respecto de otras de equivalente envergadura, como la duración de la acreditación.

¿La duración de la acreditación puede afectar el acceso a la gratuidad y a los aranceles de referencia?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la duración de la acreditación incide en el acceso a la gratuidad y en los aranceles de referencia, por lo que su impugnación no podía excluirse de apelación sin afectar la igualdad ante la ley.

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