El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2014
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra una municipalidad, referido a la entrega de datos de licencias médicas de funcionarios. El Consejo acogió el amparo por la unanimidad de sus miembros presentes y ordenó a la alcaldesa entregar al reclamante la información consultada, al estimar que no constituye dato sensible y que prevalece el principio de transparencia. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento enviando copia de los documentos respectivos. Además, encomendó notificar la decisión a la alcaldesa y al reclamante, y precisó que en contra de lo resuelto procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros; Salud
Preguntas frecuentes
¿Los datos de licencias médicas de funcionarios municipales son información pública o dato sensible?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que los datos de licencias médicas de funcionarios no constituyen dato sensible y que prevalece el principio de transparencia, por lo que ordenó su entrega.
¿Qué plazo tiene la municipalidad para entregar la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
¿Se puede reclamar contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo precisó que en contra de lo resuelto procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones legales para los órganos de la Administración del Estado.
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