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Ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente puso término a un procedimiento sancionatorio in…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2020

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente puso término a un procedimiento sancionatorio iniciado por una denuncia ciudadana contra el titular de un centro comercial, por ruidos molestos generados por equipos de climatización y ventilación. La resolución determinó la infracción a la norma de emisión de ruidos y aplicó una sanción, ordenando su anotación en el Registro Público de Sanciones una vez que quede a firme. Además, dispuso que la multa devengará reajustes e intereses conforme al Código Tributario, que las personas naturales que representen legalmente al infractor responderán subsidiariamente del pago si este es una persona jurídica, y que la sanción prescribirá a los tres años desde que la resolución quede a firme, interrumpiéndose por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 38
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.300
  • Resolución Exenta N° 491
  • Resolución Exenta N° 1
  • Artículo 32 de la Ley N° 19.880
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 20.600

Preguntas frecuentes

¿Qué sanción aplica la Superintendencia del Medio Ambiente por ruidos molestos de equipos de climatización en un centro comercial?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó la infracción a la norma de emisión de ruidos y aplicó una sanción, ordenando su anotación en el Registro Público de Sanciones una vez que quede a firme.

¿Quiénes responden por el pago de una multa ambiental cuando el infractor es una persona jurídica?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente dispuso que las personas naturales que representen legalmente al infractor responderán subsidiariamente del pago de la multa si este es una persona jurídica.

¿Cómo se interrumpe la prescripción de una sanción ambiental?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente sostuvo que la sanción prescribe a los tres años desde que la resolución quede a firme, interrumpiéndose por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento.

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