El Consejo para la Transparencia se pronunció sobre un amparo al derecho de acceso a la…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia se pronunció sobre un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra el Instituto Nacional de Estadísticas, que había denegado parcialmente datos estadísticos invocando el secreto estadístico y causales de reserva. En el texto resolutivo, un consejero disidente sostuvo que procedía rechazar el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia: divulgarla expondría la información a manipulación externa, dada la fragilidad de sus escasas fuentes, lo que facilitaría alterar promedios de precios, el índice económico del INE y otros indicadores, y afectaría datos usados para diseñar políticas públicas del sector productivo. Se indicó que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, y que no procede reposición administrativa.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoIndustria (Productividad)
Preguntas frecuentes
¿Puede el INE negar la entrega de datos estadísticos invocando el secreto estadístico y la reserva de la Ley de Transparencia?
En este caso, un consejero disidente del Consejo para la Transparencia sostuvo que procedía rechazar el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, al exponer la información a manipulación externa.
¿Qué causal de reserva de la Ley de Transparencia se configura cuando la divulgación de información estadística permite alterar indicadores económicos?
En este caso, el consejero disidente estimó configurada la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues divulgar la información facilitaría alterar promedios de precios, el índice económico del INE y otros indicadores.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y en qué plazo?
En este caso, se indicó que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, y que no procede reposición administrativa.
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