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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por no derivar a la comisión competente una solicitud sobre la calificación de víctimas de prisión política y tortura. El Consejo determinó que, de no efectuarse la derivación, el solicitante quedaría en la imposibilidad absoluta de obtener respuesta del órgano competente. En consecuencia, acordó derivar de manera excepcional, invocando el principio de facilitación, la solicitud al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncie dentro del plazo legal, y representar al Subsecretario del Interior por no aplicar la derivación prevista en la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad, ordenándole adoptar medidas administrativas para evitar infracciones futuras. La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada a las partes.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoJusticia

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un órgano público no deriva una solicitud de acceso a la información al organismo competente?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y determinó que, sin la derivación, el solicitante quedaría en la imposibilidad absoluta de obtener respuesta del órgano competente, por lo que ordenó derivar la solicitud de manera excepcional invocando el principio de facilitación.

¿Se puede representar al jefe de servicio por no aplicar la derivación de una solicitud de información?

En este caso, el Consejo representó al Subsecretario del Interior por no aplicar la derivación prevista en la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad, y le ordenó adoptar medidas administrativas para evitar infracciones futuras.

¿Qué principio permite al Consejo para la Transparencia derivar una solicitud a otro organismo de forma excepcional?

En este caso, el Consejo acordó derivar de manera excepcional la solicitud al Instituto Nacional de Derechos Humanos invocando el principio de facilitación, para que se pronuncie dentro del plazo legal.

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