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La Dirección del Trabajo se pronunció sobre si una entidad administradora de salud muni…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2000

Resumen

La Dirección del Trabajo se pronunció sobre si una entidad administradora de salud municipal puede nombrar directores de consultorios de atención primaria sin concurso público, recurriendo a la figura del director interino durante más de un año en varios establecimientos. El organismo concluyó que la ley 19.378 exige perentoriamente proveer el cargo de director de establecimiento de atención primaria de salud municipal mediante concurso público de antecedentes, convocado con tres meses de anticipación, y que la fórmula del interinato no está contemplada en dicha ley. Se fundó en que el cargo, de tres años de duración, implica un grado superior de responsabilidad que requiere una selección transparente y técnica, y en criterios previos del mismo organismo. Por ello, informó que no es posible el nombramiento discrecional ni por la vía interina, debiendo convocarse a concurso público con la debida antelación.

Normas citadas

  • Ley 19.378
  • Artículo 33 de la ley 19.378

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad nombrar directores de consultorios de atención primaria mediante interinato sin concurso público?

En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que no es posible. Señaló que la ley 19.378 exige proveer el cargo de director de establecimiento de atención primaria mediante concurso público de antecedentes y que la figura del interinato no está contemplada en esa ley.

¿Es obligatorio el concurso público para designar al director de un establecimiento de atención primaria de salud municipal?

Según este dictamen, sí. El organismo sostuvo que el artículo 33 de la ley 19.378 exige perentoriamente un concurso público de antecedentes, convocado con tres meses de anticipación, y que no admite un nombramiento discrecional.

¿Por qué el cargo de director de consultorio requiere un procedimiento de selección transparente y técnico?

En este caso, la Dirección del Trabajo fundó su decisión en que el cargo, de tres años de duración, implica un grado superior de responsabilidad que requiere una selección transparente y técnica, junto con criterios previos del mismo organismo.

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