Resumen del criterio jurisprudencial
Jorge Sáez Acuña, profesor jubilado de 76 años con discapacidad, interpuso un recurso de protección contra el Ministerio de Educación por la demora en la resolución de su solicitud de pago de la deuda histórica docente, amparada en la Ley 21.728. El recurrente alegó que la falta de respuesta definitiva vulneraba sus garantías constitucionales a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. El Ministerio informó que la solicitud se encuentra en etapa de revisión de antecedentes, solicitando información a diversos organismos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso por considerar que no existe un acto ilegal o arbitrario, ya que el procedimiento administrativo aún no ha concluido mediante una resolución fundada. El tribunal sostuvo que mientras la administración se encuentra dentro del plazo legal para resolver, no se configura una vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención constitucional. En consecuencia, se confirmó que la acción de protección no puede prosperar al no existir un acto terminal que afecte garantías.