Resumen
La Fiscalía Nacional Económica archivó una investigación iniciada por la denuncia de una empresa contra una municipalidad por las bases de una licitación de residuos sólidos y por una solicitud de pronunciamiento sobre el alza de precios del adjudicatario. Respecto de las bases, la Fiscalía consideró que no se configuraba arbitrariedad en la actuación municipal, lo que además coincidía con lo resuelto por el Tribunal de Compras Públicas, que rechazó la impugnación sobre los mismos hechos. Sobre el alza de precios, el organismo verificó que los precios ofrecidos por el adjudicatario eran efectivamente superiores a los del contrato previo, pero constató la misma política de precios en otro contrato con una municipalidad distinta, iniciado en la misma fecha, y explicó la diferencia de precios entre ambos contratos por el tonelaje de residuos involucrado, siendo el monto pagado por la municipalidad denunciante significativamente menor. En consecuencia, la Fiscalía concluyó que no se apreciaban hechos, actos o convenciones que impidieran, restringieran o entorpecieran la libre competencia en los términos del DL 211, y archivó la investigación, sin perjuicio de las acciones que el denunciante pudiera ejercer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.