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La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por un abogado contra la…

Sentencia · Corte Suprema · 2018

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por un abogado contra la Dirección General de Aguas (DGA) por no resolver dos solicitudes: la invalidación de una resolución que declaró la caducidad de una merced provisional de aguas y el cumplimiento de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenaba continuar su tramitación. La Corte estimó que la omisión de la DGA constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta las garantías de los numerales 2° y 3° inciso quinto del artículo 19 de la Constitución, privando al particular de impetrar los arbitrios legales pertinentes. Revocó la sentencia apelada y ordenó a la DGA pronunciarse sobre ambas solicitudes dentro de 10 días. Dos ministros fueron de voto en contra, estimando que el recurso de protección no es una instancia de declaración de derechos y que no concurrían los presupuestos para su acogida.

Normas citadas

  • Artículo 20 Constitución Política de la República
  • Artículo 137 Código de Aguas
  • Ley N° 9.909 (Código de Aguas de 1951)
  • Decreto MOP N° 20 de 19 de marzo de 1966
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre recurso de protección
  • Artículo 19 N°2, N°3 inciso 5°, N°24 Constitución Política de la República
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección cuando la Administración no se pronuncia sobre una solicitud de invalidación de un acto administrativo?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la omisión de la Dirección General de Aguas en resolver la solicitud de invalidación constituye un acto ilegal y arbitrario, por lo que acogió el recurso y ordenó a la DGA pronunciarse dentro de 10 días. Dos ministros disintieron, sosteniendo que el recurso de protección no es la vía para declarar derechos.

¿Puede la DGA declarar la caducidad de una merced provisional de aguas y luego negarse a revisar esa decisión?

En este caso, la Corte Suprema no se pronunció sobre la validez de la caducidad, sino sobre la omisión de la DGA en resolver la invalidación solicitada respecto de esa resolución. Estimó que dejar sin respuesta esa solicitud priva al particular de los arbitrios legales pertinentes.

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