El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2011
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra un Conservador de Bienes Raíces. El solicitante había requerido información a esa entidad y, ante la falta de respuesta, acudió al Consejo. Este organismo concluyó que los C.B.R. son auxiliares privados de la Administración de Justicia y que, por lo tanto, no les resultan aplicables las normas de la Ley de Transparencia sobre el derecho de acceso a la información ejercido mediante un procedimiento de amparo. Como la competencia del Consejo para conocer de estos reclamos proviene de la propia Ley de Transparencia, y esta no cubre a dichos auxiliares, el órgano declaró que carece de competencia y resolvió inadmitir el amparo. Además, indicó que el peticionario puede presentar su denuncia ante la Corte de Apelaciones respectiva o ante el Ministro Visitador, y que en contra de la decisión procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo legal, sin que sea admisible el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadJusticia
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo de acceso a la información contra un Conservador de Bienes Raíces?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque los C.B.R. son auxiliares privados de la Administración de Justicia y no les aplican las normas de la Ley de Transparencia sobre acceso a la información.
¿Tiene competencia el Consejo para la Transparencia para conocer reclamos contra C.B.R.?
En este caso, el Consejo sostuvo que carece de competencia porque esta proviene de la Ley de Transparencia y dicha ley no cubre a los C.B.R. como auxiliares privados de la Administración de Justicia.
¿Qué vía tiene un solicitante si un Conservador de Bienes Raíces no responde una solicitud de información?
En este caso, el Consejo indicó que el peticionario puede presentar su denuncia ante la Corte de Apelaciones respectiva o ante el Ministro Visitador, y que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin que sea admisible la reposición.
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