Resumen
El recurrente interpuso una acción de protección contra la Tesorería General de la República por la utilización del procedimiento de cobro ejecutivo del Título V del Libro III del Código Tributario y la N.D.M. del artículo 169 como título ejecutivo para cobrar un Crédito con Aval del Estado (CAE). El tribunal constató que la resolución de la Tesorería Provincial de San Felipe, de fecha 9 de abril de 2026, había despachado mandamiento de ejecución y embargo sin que existiera un título ejecutivo válido. El demandante alegó que la normativa de la Ley N° 20.027, particularmente su artículo 18 bis, establece que la cobranza de estos créditos debe regirse por las reglas generales de procedimiento civil y no por normas tributarias. El tribunal sostuvo que el CAE es una obligación de naturaleza contractual, no tributaria, y que su cobro mediante el procedimiento especial del Código Tributario vulnera la Constitución. En consecuencia, se declaró ilegal y arbitrario el uso del procedimiento tributario y se rechazó el recurso de protección. La decisión se notificó el 7 de julio de 2026.