El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad de un proyecto de l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 1993
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad de un proyecto de ley que modificaba la Ley N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional. Se discutía si una oración del nuevo artículo 76 a) contravenía el plazo de quince días para las primeras elecciones de consejeros regionales, y si el artículo 85 a), que remite a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700, vulneraba principios del derecho penal. El tribunal declaró inconstitucional la oración del artículo 76 a) por afectar el plazo señalado. Respecto del artículo 85 a), concluyó que la remisión a los artículos 131 a 138 de la Ley N° 18.700 es válida, pues las conductas tipificadas son plenamente aplicables a los procedimientos de elección del Consejo Regional y no se configura una aplicación analógica, al existir voluntad específica del legislador. Se devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados.
Normas citadas
artículo 95, inciso primero
artículo 113, inciso primero
artículo 115, inciso primero
artículo 116, inciso primero
artículo 125, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional del Gobierno RegionalTribunal Calificador De Elecciones
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que una ley remita a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700 para sancionar conductas en la elección del Consejo Regional?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la remisión a los artículos 131 a 138 de la Ley N° 18.700 es válida, pues las conductas tipificadas son plenamente aplicables a los procedimientos de elección del Consejo Regional y no se configura una aplicación analógica.
¿Vulnera el principio de tipicidad penal que una norma remita a delitos electorales de otra ley para regular la elección de consejeros regionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la remisión a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700 no vulnera principios del derecho penal, al existir voluntad específica del legislador y no tratarse de una aplicación analógica.
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