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El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad de un proyecto de l…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 1993

Resumen

El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad de un proyecto de ley que modificaba la Ley N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional. Se discutía si una oración del nuevo artículo 76 a) contravenía el plazo de quince días para las primeras elecciones de consejeros regionales, y si el artículo 85 a), que remite a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700, vulneraba principios del derecho penal. El tribunal declaró inconstitucional la oración del artículo 76 a) por afectar el plazo señalado. Respecto del artículo 85 a), concluyó que la remisión a los artículos 131 a 138 de la Ley N° 18.700 es válida, pues las conductas tipificadas son plenamente aplicables a los procedimientos de elección del Consejo Regional y no se configura una aplicación analógica, al existir voluntad específica del legislador. Se devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados.

Normas citadas

  • artículo 95, inciso primero
  • artículo 113, inciso primero
  • artículo 115, inciso primero
  • artículo 116, inciso primero
  • artículo 125, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional del Gobierno RegionalTribunal Calificador De Elecciones

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que una ley remita a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700 para sancionar conductas en la elección del Consejo Regional?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la remisión a los artículos 131 a 138 de la Ley N° 18.700 es válida, pues las conductas tipificadas son plenamente aplicables a los procedimientos de elección del Consejo Regional y no se configura una aplicación analógica.

¿Vulnera el principio de tipicidad penal que una norma remita a delitos electorales de otra ley para regular la elección de consejeros regionales?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la remisión a las normas penales electorales de la Ley N° 18.700 no vulnera principios del derecho penal, al existir voluntad específica del legislador y no tratarse de una aplicación analógica.

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