El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a l…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra el Ministerio de Economía. El reclamante solicitó un pronunciamiento sobre una presentación que había realizado ante el organismo, lo que, según el Consejo, no constituye una solicitud de información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Por ello, concluyó que no correspondía pronunciarse en esa sede y que, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información conforme a la ley, el amparo no podía admitirse. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, y se ordenó notificar a las partes. En contra de la resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de plazo, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
amparoDecisión de inadmisibilidadEconomía y Finanzas
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si lo solicitado no es información pública sino una petición?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque lo pedido no constituía una solicitud de información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que en contra de la resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de plazo, y no el recurso de reposición.
¿Puede el Consejo para la Transparencia pronunciarse sobre una presentación hecha ante un organismo público si no es una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no correspondía pronunciarse en esa sede, porque el reclamante ejerció el derecho de petición y no el derecho de acceso a la información conforme a la ley.
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