Resumen del criterio jurisprudencial
Determinó que la inactividad procesal extendida obliga a los jueces a extremar las medidas para asegurar la comparecencia de la persona imputada. El fallo establece que el derecho a la defensa trasciende la designación nominal de un abogado, exigiendo una asistencia profesional efectiva. Asimismo, la resolución precisa que la falta de comunicación oficial de las actuaciones, cuando es imputable al tribunal, constituye una irregularidad sustancial que invalida las sentencias condenatorias.