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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a informac…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a información solicitada a la Policía de Investigaciones. El organismo había derivado al Ministerio Público parte de la solicitud y negado la entrega de antecedentes de un sumario administrativo en tramitación, sosteniendo que la causal de secreto solo se levanta para los inculpados y sus defensas. El Consejo acogió parcialmente el amparo: respecto de las letras derivadas al Ministerio Público, estimó correcta la derivación; en cuanto al resto, ordenó al Director General de la Policía de Investigaciones entregar al reclamante copia de los audios usados como medio de prueba en el sumario, pudiendo cobrar los costos directos de reproducción conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46, y ordenó informar el cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público negar la entrega de antecedentes de un sumario administrativo en tramitación?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó a la Policía de Investigaciones entregar copia de los audios usados como medio de prueba en el sumario, aunque había negado su entrega por estar en tramitación.

¿Se puede derivar parte de una solicitud de acceso a información a otro organismo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó correcta la derivación al Ministerio Público de las letras que correspondían a esa institución, acogiendo solo parcialmente el amparo respecto de ellas.

¿Puede el organismo cobrar costos por la entrega de información solicitada?

En este caso, el Consejo para la Transparencia permitió a la Policía de Investigaciones cobrar los costos directos de reproducción de los audios, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia.

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