Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legitimidad de la contratación, por parte del Ministerio de Educación, de universidades para analizar y verificar el diagnóstico de alumnos que dan origen a subvenciones de educación especial, en particular las categorías de necesidades educativas especiales transitorias y de educación especial diferencial. El órgano concluyó que el Ministerio puede requerir, por mandato legal y a través de sus profesionales o de universidades contratadas, datos personales o sensibles necesarios para otorgar esas subvenciones, sin que ello vulnere la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución, por tratarse de información indispensable para el cometido encomendado. En consecuencia, declaró que el oficio del Subsecretario de Educación se ajusta a derecho. Además, se remitieron los decretos que aprueban los convenios con las universidades respectivas, y se recordó la obligación de publicar permanentemente en los sitios electrónicos los antecedentes de contrataciones y actos con efectos sobre terceros, con actualización al menos mensual.