Resumen del criterio jurisprudencial
El amparado Mario Ignacio Garrido de la Barra fue formalizado por homicidio simple frustrado y porte ilegal de arma cortante, decretándose inicialmente arresto domiciliario total y otras medidas por el Juzgado de Garantía de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó esa decisión y decretó prisión preventiva, lo que motivó la interposición de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán. El recurrente alegó que la resolución impugnada era ilegal y arbitraria por falta de fundamentación concreta, vulneración del principio de proporcionalidad y uso erróneo de antecedentes de condena previa. La Corte de Chillán examinó los argumentos y consideró que la prisión preventiva se encontraba justificada por la gravedad de los hechos y no requería el descarte expreso de cada medida menos gravosa. Además, el tribunal constató que la resolución recurrida fue dictada por autoridad competente, con las formalidades legales y fundamentación adecuada. En consecuencia, se rechazó el amparo y se mantuvo la privación de libertad del amparado.