Resumen
La Superintendencia del Medio Ambiente puso término a un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por denuncias de ruidos molestos generados por un establecimiento, resolviendo el expediente y aplicando una sanción. En la parte resolutiva, el organismo dispuso que, si el infractor es una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa. Asimismo, fijó que las sanciones administrativas prescriben a los tres años desde que la resolución sancionatoria quede a firme, interrumpiéndose por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento. Finalmente, ordenó que, una vez que la resolución quede a firme, se formule la anotación respectiva en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme al artículo 58 de la LOSMA y al reglamento sobre el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y los registros públicos de resoluciones de calificación ambiental y de sanciones.