El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a los autores de delitos consumados contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, cometidos en ejercicio de funciones de resguardo del orden público. La parte requirente alegó que esta exclusión genérica, aplicable a cualquier delito de esa naturaleza con independencia de su gravedad, vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas. El Tribunal rechazó el requerimiento, aunque dos ministras disintieron y sostuvieron que debía acogerse, por los problemas de proporcionalidad e igualdad que podría generar la prohibición automática, en especial en casos de delitos de escasa entidad.
Normas citadas
artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de penas sustitutivas a quienes cometen delitos contra funcionarios policiales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que la exclusión del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no vulnera la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas.
¿Se puede pedir una pena sustitutiva si se cometió un delito contra la vida o integridad de un carabinero en servicio?
En este caso, el Tribunal Constitucional confirmó que la norma impide acceder a penas sustitutivas a los autores de delitos consumados contra la vida o integridad física de funcionarios de Carabineros, PDI o Gendarmería cometidos en funciones de resguardo del orden público.
¿La prohibición automática de penas sustitutivas por delitos de escasa entidad es proporcional?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y no acogió los argumentos sobre proporcionalidad e igualdad, aunque dos ministras disintieron y estimaron que la prohibición automática podía generar problemas en delitos de escasa entidad.
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