El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad del artí…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2004
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad del artículo único de un proyecto de ley que otorga un nuevo plazo al Servicio de Tesorerías para anticipar fondos del Fondo Común Municipal a municipalidades con deudas por asignación de perfeccionamiento docente, fijando un monto máximo para el mecanismo de anticipos y limitando el beneficio a municipalidades que cumplan los requisitos de la ley N° 19.926 y no hayan sido favorecidas antes. El Tribunal razonó que la norma es propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades, pues permite a las municipalidades ejercer una atribución esencial y exige acuerdo del concejo municipal, y que fue aprobada en ambas Cámaras con las mayorías requeridas, sin haberse suscitado cuestión de constitucionalidad. En consecuencia, declaró que el artículo único del proyecto es constitucional y lo devolvió a la Cámara de Diputados.
Normas citadas
artículo 118, inciso quinto
artículo 119, inciso tercero
Tribunal ConstitucionalCPRMunicipalidadesConcejo municipal
Preguntas frecuentes
¿Qué control ejerce el Tribunal Constitucional sobre un proyecto de ley que otorga plazos a municipalidades?
En este caso, el Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad del artículo único de un proyecto de ley que otorga un nuevo plazo al Servicio de Tesorerías para anticipar fondos del Fondo Común Municipal a municipalidades con deudas.
¿Es constitucional una norma que permite anticipar fondos del Fondo Común Municipal a municipalidades con deudas?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el artículo único del proyecto, al estimar que la norma es propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades y fue aprobada con las mayorías requeridas.
¿Qué requisitos debe cumplir una norma sobre atribuciones municipales para ser considerada orgánica constitucional?
En este caso, el Tribunal razonó que la norma es propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades porque permite a las municipalidades ejercer una atribución esencial y exige acuerdo del concejo municipal.
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