Resumen del criterio jurisprudencial
Aprobó la Resolución 509, que establece que ninguna autoridad gubernamental debe imponer sanciones o amenazas a abogados, bufetes u organizaciones por la representación de clientes o causas específicas. El texto también reafirma el compromiso de la profesión con la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la independencia judicial.