El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas del Código Procesal Penal relativas al cierre de la investigación y al contenido de la acusación, en un caso donde se discutía la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento y la falta de control judicial sobre ella, invocándose las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso. El Tribunal acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicables ciertos preceptos, al estimar que la decisión de no perseverar del Ministerio Público debe someterse a control judicial para permitir a los intervinientes, especialmente al querellante, ejercer sus derechos y evitar la indefensión, y que la exigencia de formalización previa para la acusación del querellante vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley al dejar la acción penal a merced de la decisión del fiscal. La sentencia fue redactada por el ministro señor N.P.S., con una disidencia y una prevención.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿La decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación penal requiere control judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que la decisión de no perseverar del Ministerio Público debe someterse a control judicial para permitir a los intervinientes, especialmente al querellante, ejercer sus derechos y evitar la indefensión.
¿Es constitucional exigir la formalización previa para que el querellante presente acusación?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la exigencia de formalización previa para la acusación del querellante, al estimar que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley al dejar la acción penal a merced de la decisión del fiscal.
¿Qué garantías constitucionales se vulneran si el fiscal decide no perseverar sin control judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la falta de control judicial sobre la decisión de no perseverar afecta las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, al impedir a los intervinientes, especialmente al querellante, ejercer sus derechos y evitar la indefensión.
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