El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a información presentado co…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a información presentado contra la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ordenando la entrega de correos electrónicos institucionales vinculados a la evaluación de un puesto de trabajo. Antes de su entrega, el órgano debe tarjar la identidad de testigos y otros datos personales o sensibles, aplicando el principio de divisibilidad. La decisión se adoptó con el voto disidente de la Presidenta del Consejo, quien sostuvo que respecto de los correos electrónicos institucionales requeridos se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que a su juicio debía rechazarse el amparo. El Consejo advirtió que en contra de la decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a su notificación, y que no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley 19.628
Ley N° 20.285
Resolución N° 831512716102024
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley 16.744
Oficio N° 16854
Ley 27.719
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir la entrega de correos electrónicos institucionales de un servicio público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó a la Dirección de Vialidad entregar correos electrónicos institucionales vinculados a la evaluación de un puesto de trabajo, tarjando antes la identidad de testigos y otros datos personales o sensibles.
¿Qué debe hacer el órgano público antes de entregar información con datos personales?
En este caso, el Consejo dispuso que antes de la entrega se tarje la identidad de testigos y otros datos personales o sensibles, aplicando el principio de divisibilidad.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación, y que no procede la reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
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