Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de los municipios respecto de los certificados de antecedentes de los profesionales de la educación de su dependencia. Según la normativa analizada, la Superintendencia de Educación puede exigir que los establecimientos mantengan a su disposición, actualizados en la oportunidad que ella indique, los antecedentes del personal docente, incluidos sus certificados de antecedentes. Para ello se consideró el artículo 11 del decreto N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, que define el certificado de antecedentes como documento público, y el artículo 10 del decreto ley N° 463 de 1974, que fija una vigencia de sesenta días para estos certificados. El órgano concluyó que el documento válido para acreditar el requisito de no estar inhabilitado ni condenado por crimen o simple delito es el emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación a requerimiento del municipio empleador, y no el obtenido por el propio docente. En consecuencia, corresponde a los municipios obtener dichos certificados, sin que resulte procedente exigir a los docentes que los tramiten periódicamente.