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El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una sociedad en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a raíz de la revocación de un proceso licitatorio para un jardín infantil. El tribunal concluyó que la actuación de la entidad licitante, tanto en el acta de evaluación técnico-económica como en la resolución que revocó el proceso, estaba suficientemente fundada y se ajustaba al artículo 61 de la Ley N°19.880, que permite revocar actos administrativos cuando no se han generado derechos subjetivos a favor de los particulares. Según el fallo, las bases y anexos de la licitación presentaban defectos que impedían una evaluación y adjudicación eficiente, y no existían derechos adquiridos por los oferentes. Por ello, la demanda fue rechazada, sin condena en costas, por estimarse que la parte demandante tuvo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público revocar una licitación si las bases tienen defectos?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública avaló la revocación de un proceso licitatorio porque las bases y anexos presentaban defectos que impedían una evaluación y adjudicación eficiente, actuación que estimó suficientemente fundada y ajustada al artículo 61 de la Ley N°19.880.

¿Qué requisitos se exigen para revocar un acto administrativo en una licitación pública?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la revocación se ajustaba al artículo 61 de la Ley N°19.880, que permite revocar actos administrativos cuando no se han generado derechos subjetivos a favor de los particulares, y concluyó que no existían derechos adquiridos por los oferentes.

¿Se condena en costas al oferente que impugna una revocación de licitación?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda sin condena en costas, por estimar que la parte demandante tuvo motivos plausibles para litigar.

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