La Superintendencia de Pensiones emitió un oficio ordinario que interpreta la cobertura…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2011
Resumen
La Superintendencia de Pensiones emitió un oficio ordinario que interpreta la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia del D.L. 3.500 respecto de un afiliado declarado presuntamente muerto. La discusión consistía en determinar si la cobertura debía fijarse según la fecha de la muerte presunta o la de las últimas noticias del afiliado. El organismo concluyó que lo determinante es la fecha de las últimas noticias, pues consta que el afiliado registró cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones durante un período que comprende esa fecha, por lo que se encontraba cubierto por el seguro. En consecuencia, ordenó a la administradora sucesora otorgar pensión de sobrevivencia a los beneficiarios que cumplan los requisitos legales, y precisó que si el contrato de seguro estaba finiquitado, corresponde a la administradora asumir el financiamiento de las pensiones, sin perjuicio de la prescripción ordinaria aplicable cuando la compañía de seguros se encuentre liberada de su obligación.
Normas citadas
D.L. N° 3.500
Código Civil
Circular N° 1
Oficio Ordinario N° 31.915
Artículo 59 del D.L. N° 3.500
Preguntas frecuentes
¿Desde qué fecha se determina la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia cuando un afiliado es declarado presuntamente muerto?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones concluyó que lo determinante es la fecha de las últimas noticias del afiliado, y no la de la muerte presunta, para establecer la cobertura del seguro.
¿Qué ocurre con la pensión de sobrevivencia si el afiliado registraba cotizaciones a la fecha de las últimas noticias?
En este caso, el organismo ordenó a la administradora sucesora otorgar pensión de sobrevivencia a los beneficiarios que cumplan los requisitos legales, al constatar que el afiliado estaba cubierto por el seguro.
¿Quién financia la pensión de sobrevivencia si el contrato de seguro ya estaba finiquitado?
En este caso, la Superintendencia precisó que corresponde a la administradora asumir el financiamiento de las pensiones, sin perjuicio de la prescripción ordinaria aplicable cuando la compañía de seguros se encuentre liberada de su obligación.
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