Resumen
La Contraloría General de la República representó la Resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que autorizaba recurrir al trato directo y aprobaba un contrato de prestación de servicios de rehabilitación, neurorehabilitación y programa de enfermos crónicos entre esa repartición, los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud y una clínica privada. El organismo concluyó que el acto no se ajustaba a derecho. Señaló que el certificado de refrendación presupuestaria emitido por FONASA era insuficiente, que la centralización de pagos no cumplía la glosa 01 del Programa de Prestaciones Valoradas, que los instrumentos debían aprobarse mediante actos administrativos sujetos a control preventivo de juridicidad, y que la imputación del gasto debía hacerse con cargo al presupuesto de cada servicio de salud, conforme al decreto N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.