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El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por una empresa constructora contra la adjudicación de una licitación municipal de obras. La actora alegaba que la resolución adjudicatoria era ilegal y arbitraria porque la garantía de seriedad de la oferta del adjudicatario no cumplía los requisitos de las bases: su glosa no coincidía con la exigida y su vigencia era inferior a los treinta días contados desde la apertura de las ofertas. El tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegal y arbitraria la resolución municipal que adjudicó la licitación, rechazándola en todo lo demás. Sin embargo, dado que las obras presumiblemente ya se encontraban ejecutadas en su totalidad, no fue posible retrotraer el proceso licitatorio; por ello reconoció a la actora el derecho a entablar en sede jurisdiccional las acciones indemnizatorias y las responsabilidades administrativas que estimara pertinentes. Finalmente, ordenó que cada parte pagara sus propias costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la garantía de seriedad de la oferta no cumple los requisitos de las bases de licitación?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó la licitación porque la garantía del adjudicatario no cumplía las bases: su glosa no coincidía con la exigida y su vigencia era inferior a treinta días desde la apertura de las ofertas.

¿Se puede retrotraer una licitación si las obras ya se ejecutaron totalmente?

En este caso, el Tribunal no pudo retrotraer el proceso licitatorio porque las obras presumiblemente ya estaban ejecutadas en su totalidad, pese a declarar ilegal y arbitraria la adjudicación.

¿Qué puede hacer el oferente perjudicado si no es posible retrotraer la licitación?

En este caso, el Tribunal reconoció a la actora el derecho a entablar en sede jurisdiccional las acciones indemnizatorias y las responsabilidades administrativas que estimara pertinentes, y ordenó que cada parte pagara sus propias costas.

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