El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a la resol…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a la resolución que instruye un sumario administrativo en tramitación, solicitada a un servicio de salud. El órgano reclamado había invocado la causal de reserva por tratarse de una investigación en curso. El Consejo acogió el amparo y ordenó al director del servicio entregar al reclamante copia de la resolución que da inicio al procedimiento sumario, aplicando el principio de divisibilidad y tarjando los datos personales de contexto, entre ellos el RUT del fiscal instructor. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso informar el cumplimiento a través de los canales del Consejo. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó a las partes, con la advertencia de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de quince días corridos.
Normas citadas
DFL 29 2005 Estatuto Administrativo
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoSalud
Preguntas frecuentes
¿Se puede negar el acceso a la resolución que inicia un sumario administrativo en tramitación invocando la reserva por investigación en curso?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar copia de la resolución que da inicio al sumario, aplicando el principio de divisibilidad y tarjando los datos personales de contexto.
¿Qué datos se deben tarjar al entregar una resolución que instruye un sumario administrativo?
En este caso, el Consejo dispuso tarjar los datos personales de contexto, entre ellos el RUT del fiscal instructor, al aplicar el principio de divisibilidad sobre la resolución solicitada.
¿Qué plazo tiene el órgano para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso informar el cumplimiento.
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