La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de amparo preventivo interpues…
Sentencia · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de amparo preventivo interpuesto por un alimentante en contra del Juzgado de Familia de Viña del Mar, que se había negado a fijar una audiencia para discutir el modo de pago de una deuda de alimentos. El recurrente alegaba vulneración de su libertad ambulatoria por su inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y por la retención judicial de sus remuneraciones. La Corte concluyó que no existe ilegalidad en ninguna de esas medidas, pues su procedencia está establecida legalmente, y que fijar audiencias es facultad privativa de la judicatura. Además, existe una deuda liquidada y no objetada de $2.669.494 que debe solucionarse por los medios que la ley franquea. Hubo un voto en contra que habría acogido el recurso ordenando citar a audiencia para discutir la forma de pago, por considerar que ello forma parte del derecho de las partes a ser oídas.
Normas citadas
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre amparo
amparo preventivodeuda de alimentoscausa de cumplimientolibertad ambulatoriaRegistro Nacional de Deudores de Alimentosfacultad privativa de la judicaturaderecho a ser oídoretención judicial de remuneraciones
Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal de familia negarse a fijar una audiencia para discutir el modo de pago de una deuda de alimentos?
En este caso, la Corte sostuvo que fijar audiencias es una facultad privativa de la judicatura, por lo que la negativa del Juzgado de Familia no fue acogida como vulneración de derechos. Hubo un voto en contra que sí habría ordenado citar a audiencia por formar parte del derecho de las partes a ser oídas.
¿Qué ocurre con una deuda de alimentos que está liquidada y no ha sido objetada?
En este caso, la Corte constató una deuda liquidada y no objetada que debe solucionarse por los medios que la ley franquea, lo que indica que su cobro no puede resolverse mediante un recurso de amparo.
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