Resumen
La Contraloría General de la República cursó la resolución del Servicio de Salud Metropolitano Sur y desestimó los reclamos de una funcionaria afectada por el proceso disciplinario en su contra. La recurrente alegaba una inversión de funciones entre la fiscal y la actuaria del sumario, sin notificación, y una denuncia formulada tardíamente. El organismo estimó que la fiscal, al inhabilitarse por tener menor grado que la otra funcionaria, conforme al artículo 129 del Estatuto Administrativo, y que la actuaria asumiera las tareas de fiscal, respondía al principio de economía procedimental y no constituía anomalía. Sobre la falta de notificación, concluyó que la recurrente tomó conocimiento en diligencias posteriores sin alegar causal de falta de imparcialidad, y que no constituía un vicio con la magnitud exigida por el artículo 144 de la Ley 18.834. Respecto de la demora en la denuncia, señaló que no guardaba relación con las conductas reprochadas y que correspondía a la autoridad administrativa investigar esa eventual responsabilidad. Por ello, el proceso sumarial fue considerado conforme a derecho.