Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Rancagua conoce de un recurso de apelación interpuesto por el Banco del Estado de Chile contra la resolución del Juzgado de Policía Local de San Francisco de Mostazal que habría rechazado o no admitido una demanda civil relativa a operaciones desconocidas por la usuaria María Cifuentes Rodríguez. El banco, en calidad de emisor, pretende accionar civilmente por la existencia de dolo o culpa grave en el uso de su tarjeta, independientemente del monto reclamado. La sentencia analiza el artículo 5° de la Ley 20.009 y su inciso quinto bis, así como los artículos 5 bis y 5 ter de la misma ley. Concluye que el emisor está habilitado para demandar ante el juez de policía local cualquiera sea la cuantía, siempre que cuente con antecedentes de fraude o negligencia grave. Se descarta que el monto reclamado limite la competencia del tribunal para conocer de la acción civil derivada del incumplimiento contractual. En consecuencia, se revoca la resolución apelada de septiembre de 2025 y se ordena dar curso progresivo a los autos.