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La O.N.P. interpuso una demanda de amparo para obtener la nulidad de resoluciones judic…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

La O.N.P. interpuso una demanda de amparo para obtener la nulidad de resoluciones judiciales que otorgaron a un particular la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), alegando que los jueces no motivaron suficientemente sus decisiones. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas contaban con motivación suficiente y que no se vulneró el derecho al debido proceso, sin que el amparo pueda convertirse en una instancia revisora de lo decidido por la justicia ordinaria. Un magistrado emitió voto singular proponiendo audiencia pública, por estimar que la alegada vulneración del derecho a la debida motivación tenía relevancia constitucional.

Normas citadas

  • Art. 47 del antiguo código procesal constitucional (Ley 28237)
  • Art. 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional
  • Art. 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional
  • Art. 2 de la Ley 27617
  • Art. 3 del Decreto Supremo 028-2002-EF
debida motivaciónderecho al debido procesobonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu)jurisprudencia constitucional

Preguntas frecuentes

¿Puede un amparo anular resoluciones judiciales por falta de motivación suficiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, porque las resoluciones cuestionadas tenían motivación suficiente y el amparo no puede transformarse en una instancia revisora de lo decidido por la justicia ordinaria.

¿Cuándo se considera vulnerado el derecho al debido proceso por falta de motivación de una resolución judicial?

Según este fallo, no hubo vulneración del debido proceso, ya que el Tribunal sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas estaban suficientemente motivadas, sin que se acreditara un déficit de fundamentación.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar el fondo de decisiones de la justicia ordinaria mediante amparo?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto por la justicia ordinaria, por lo que rechazó la pretensión de la demandante.

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