Resumen
La Superintendencia del Medio Ambiente puso término a un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por denuncias de vecinos contra una empresa por incumplimiento de la norma de emisión de ruidos molestos. En la parte resolutiva, el organismo dispuso que, si el infractor es una persona jurídica, sus representantes legales o quienes actúen en su nombre responden subsidiariamente del pago de la multa. Además, fijó que las sanciones administrativas de esta ley prescriben a los tres años desde que la resolución sancionatoria quede a firme, plazo que se interrumpe con la notificación del procedimiento de ejecución o la formulación de cargos por incumplimiento. Finalmente, ordenó que una vez que la resolución quede a firme se anote la sanción en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia, conforme a la LOSMA y al reglamento sobre registros públicos de fiscalización ambiental, disponiendo notificación, cumplimiento y archivo del expediente.