El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación presentada por una…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2024
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación presentada por una empresa de servicios contra un hospital por irregularidades en una licitación pública de aseo. Se declararon ilegales y arbitrarios el informe final de evaluación y el decreto de adjudicación, porque la entidad licitante permitió la incorporación extemporánea de documentos obligatorios que debían presentarse junto con la oferta, como el programa de capacitación y la acreditación completa de la experiencia, infringiendo las bases del certamen. Sin embargo, el tribunal no retrotrajo el procedimiento a una nueva evaluación, al estimar que se había consolidado la situación jurídica del adjudicatario de buena fe, amparado por el principio de confianza legítima. En consecuencia, reconoció a la demandante el derecho a demandar en sede jurisdiccional las indemnizaciones civiles que estime corresponder, y dispuso que cada parte pague sus propias costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el empleador no paga las cotizaciones previsionales?
En este caso, el tribunal no se pronunció sobre esa materia, ya que el documento trata sobre una licitación pública de aseo y no sobre cotizaciones previsionales.
¿Se puede impugnar una licitación pública si el evaluador acepta documentos extemporáneos?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró ilegales y arbitrarios el informe final de evaluación y el decreto de adjudicación, porque se permitió la incorporación extemporánea de documentos obligatorios que debían presentarse con la oferta, infringiendo las bases del certamen.
¿El tribunal puede retrotraer el procedimiento si el adjudicatario actuó de buena fe?
En este caso, el tribunal no retrotrajo el procedimiento a una nueva evaluación, al estimar que se había consolidado la situación jurídica del adjudicatario de buena fe, amparado por el principio de confianza legítima, y reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnizaciones en sede jurisdiccional.
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