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La Contraloría General de la República, en un dictamen de materia administrativa emitid…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República, en un dictamen de materia administrativa emitido a raíz de un oficio de la Cámara de Diputados, analizó la contratación a honorarios de un prestador de servicios en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Concluyó que una relación afectiva entre el prestador y la entonces ministra de la cartera no constituye una inhabilidad para su contratación, pues la inhabilidad de ingreso no puede extenderse a vínculos distintos de los expresamente señalados en la ley, que de lo contrario limitaría la garantía constitucional de admisión a funciones públicas. Sin perjuicio de ello, la autoridad debe abstenerse de participar en decisiones relativas a ese profesional. Asimismo, precisó que quienes son contratados a honorarios tienen derecho a una contraprestación, y que honorarios que no correspondan a una retribución real de los servicios producirían un enriquecimiento sin causa contrario al principio retributivo de la función pública.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/11
  • ley 19896 art/5 inc/8
  • ley 18575 art/54 lt/b
  • POL art/19 num/17
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre con los pagos de honorarios que no corresponden a una retribución real de los servicios prestados?

En este caso, la Contraloría precisó que quienes son contratados a honorarios tienen derecho a una contraprestación, y que pagos que no correspondan a una retribución real de los servicios producirían un enriquecimiento sin causa, contrario al principio retributivo de la función pública.

¿Puede limitarse el ingreso a funciones públicas mediante interpretación extensiva de las causales de inhabilidad?

En este caso, la Contraloría sostuvo que extender la inhabilidad a vínculos no previstos en la ley limitaría la garantía constitucional de admisión a funciones públicas, por lo que las causales deben aplicarse solo en los términos expresamente señalados por el legislador.

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