Resumen del criterio jurisprudencial
La iniciativa propone endurecer las penas contra quienes extorsionen a funcionarios públicos o sus familias, tipificar autónomamente la suplantación de identidad con fines financieros —incluido el uso de inteligencia artificial—, sancionar el contrabando cometido por organizaciones criminales en puertos, aeropuertos y fronteras, y obligar al Ministerio Público a seguir desde el inicio la ruta patrimonial de los delitos.