Resumen del criterio jurisprudencial
La aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles educativos desde 2026 abre un debate que trasciende la regulación tecnológica: evidencia científica respalda sus beneficios pedagógicos y socioemocionales, pero también revela tensiones entre libertad individual, responsabilidad personal y el rol del Estado. La medida aparece como una respuesta necesaria ante la falta de autorregulación social y parental, a la vez que plantea el desafío de formar estudiantes capaces de ejercer autonomía crítica frente a tecnologías que afectan atención, bienestar y convivencia escolar