Resumen
La Corte Suprema, en su segunda sala, resolvió el recurso de amparo interpuesto por una madre cuidadora de cuatro hijos contra la medida de prisión preventiva decretada por la Corte de Apelaciones de San Miguel. El 15° Juzgado de Garantía había impuesto arresto domiciliario total y arraigo nacional, medida que fue revocada por la Corte de Apelaciones, que impuso prisión preventiva. La Corte Suprema consideró que la decisión de segundo grado no analizó la vulnerabilidad especial de la imputada ni justificó la necesidad de la medida más gravosa. Se invocaron normas internacionales como la CEDAW, la Convención Interamericana contra la violencia a la mujer y las Reglas de Bangkok, así como el artículo 21 de la Constitución chilena. Por tanto, se dejó sin efecto la prisión preventiva y se confirmó la medida menos restrictiva. Además, se ordenó la inmediata libertad de la amparada, salvo que exista otra causa que la privara de ella.