El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por u…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2015
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por una universidad estatal contra una municipalidad, por irregularidades en la evaluación y adjudicación de una licitación para un catastro arqueológico. El tribunal rechazó las tachas opuestas por la parte demandada respecto de tres testigos y acogió la demanda, declarando ilegales y arbitrarios los actos administrativos de evaluación y adjudicación, por haberse apartado de las bases y de la normativa aplicable, al no incluir currículums exigidos, falsear información, integrar irregularmente la comisión evaluadora y modificar fechas sin fundamento. En consecuencia, dejó sin efecto dichos actos y ordenó retrotraer el procedimiento licitatorio al estado de efectuar una nueva evaluación de las ofertas con estricta sujeción a las bases y a la ley, eximiendo a la demandada del pago de las costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la comisión evaluadora de una licitación pública se integra irregularmente o evalúa apartándose de las bases?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la demanda y declaró ilegales y arbitrarios los actos de evaluación y adjudicación por apartarse de las bases y de la normativa aplicable, dejándolos sin efecto.
¿Se puede impugnar la adjudicación de una licitación si se modificaron las fechas del proceso sin fundamento?
En este caso, el Tribunal consideró que modificar fechas sin fundamento, junto con otras irregularidades, hacía ilegal y arbitraria la adjudicación, por lo que dejó sin efecto los actos y ordenó retrotraer el procedimiento a una nueva evaluación.
¿Qué ocurre si en la evaluación de una licitación no se incluyen los currículums exigidos por las bases?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública estimó que omitir los currículums exigidos, junto con falsear información, constituía una infracción a las bases y a la normativa, y por ello acogió la demanda y anuló la evaluación y adjudicación.
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Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2018
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