La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa a la ap…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa a la aplicación de la ley N° 20.433, que regula servicios de transporte. Concluyó que corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinar, con los antecedentes que obren en su poder, si concurren los supuestos de esa ley, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras del órgano contralor. Asimismo, estimó que la participación de una empresa pública creada por ley en la explotación de dichos servicios, a través de una corporación privada cuyo directorio y presidencia están integrados mayoritariamente por trabajadores de una filial de esa empresa, configura una hipótesis comprendida en la prohibición del inciso tercero del artículo 9° de la ley. Finalmente, constató una dilación de más de un año en la tramitación de un procedimiento administrativo de oposición a una concesión, infringiendo los principios de eficiencia, celeridad e impulsión de oficio de las leyes N° 18.575 y N° 19.880, y ordenó a la repartición darle curso y concluirlo conforme a derecho, informándolo en 20 días hábiles.
Normas citadas
ley 20433 art/9 inc/1
ley 20433 art/9 inc/3
ley 20433 art/10 inc/1
ley 18575 art/3
ley 18575 art/5
ley 18575 art/8
ley 19880 art/4
ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué debe determinar el Ministerio de Transportes si una empresa pública participa en servicios de transporte regulados por la ley 20.433?
En este caso, la Contraloría concluyó que corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinar, con los antecedentes que obren en su poder, si concurren los supuestos de la ley 20.433, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras del órgano contralor.
¿Qué ocurre si un procedimiento administrativo de oposición a una concesión se demora más de un año?
En este caso, la Contraloría constató una dilación de más de un año que infringe los principios de eficiencia, celeridad e impulsión de oficio de las leyes 18.575 y 19.880, y ordenó a la repartición darle curso y concluirlo conforme a derecho, informándolo en 20 días hábiles.
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