La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo deducido por la Defe…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo deducido por la Defensoría Penal Pública en favor de un imputado por robo con violencia. La defensa pidió suspender el procedimiento por enajenación mental, fundándose en un D.A.U. que registraba diagnósticos de esquizofrenia, epilepsia y trastorno de personalidad. La Corte sostuvo que el DAU no bastaba para aplicar el artículo 458 del Código Procesal Penal, considerando el informe pericial de facultades mentales practicado recientemente en otra causa, que concluyó que el imputado no era enajenado mental. Además, la resolución recurrida había ordenado oficiar al Servicio Médico Legal para un peritaje, a solicitud de la defensa, dirigido al Hospital Horwitz Barak. El tribunal estimó que la resolución fue dictada por juez competente, en audiencia pública y con los intervinientes oídos, por lo que no existía ilegalidad ni afectación de la libertad y seguridad individual.
Normas citadas
Artículo 21 Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre amparo
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Preguntas frecuentes
¿Basta un D.A.U. con diagnósticos psiquiátricos para suspender el procedimiento penal por enajenación mental?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que el D.A.U. no bastaba para aplicar el artículo 458 del Código Procesal Penal, porque existía un informe pericial de facultades mentales que concluyó que el imputado no era enajenado mental.
¿Procede un recurso de amparo contra una resolución judicial que ordena un peritaje psiquiátrico en un proceso penal?
En este caso, la Corte rechazó el amparo porque la resolución fue dictada por juez competente, en audiencia pública y con los intervinientes oídos, de modo que no había ilegalidad ni afectación de la libertad y seguridad individual.
¿Cuándo se entiende vulnerada la libertad personal y seguridad individual por una decisión judicial en materia penal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel estimó que no existió vulneración del artículo 21 de la Constitución, porque la decisión cumplió con la competencia del tribunal, la publicidad de la audiencia y la audiencia de los intervinientes.
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