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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones. El reclamante exponía molestias por la demora en la tramitación y resolución de su solicitud de permanencia definitiva, pero no reclamaba por la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener publicada en sus sitios electrónicos. El Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición, al no existir infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, y lo declaró inadmisible por unanimidad de sus miembros presentes. En contra de la decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley Nº 19.880.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo por transparencia activa?

En este caso, el Consejo señaló que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley Nº 19.880.

¿Qué debe contener un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa para que el Consejo para la Transparencia lo admita a trámite?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque no se reclamaba por la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener publicada en sus sitios electrónicos, faltando así un elemento habilitante para su interposición.

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