Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 8.110, de 2020, que había concluido que determinados asistentes de la educación no tienen derecho al reajuste de remuneraciones del sector público otorgado por la ley N° 21.126. El organismo fundamentó su decisión en que, según la ley N° 21.109, las remuneraciones de estos asistentes son fijadas por la entidad empleadora conforme al Código del Trabajo, hipótesis excluida del reajuste, y en que dicha ley no contiene una norma que ordene expresamente aplicarlo, como sí lo hacía el artículo 4° de la ley N° 19.464. Asimismo, recordó que el gasto público exige legalidad, conforme a los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución y al decreto ley N° 1.263, de 1975, aplicable a los Servicios Locales según el artículo 28 de la ley N° 21.040. Concluyó que la normativa invocada por la recurrente no habilita de forma explícita e inequívoca el pago del reajuste a ese personal, y que no se aportaron nuevos antecedentes.