Resumen
La Corte Suprema, al conocer un recurso de queja vinculado a una demanda de protección suplementaria de una patente bioquímica de inmunomoduladores, resolvió que el plazo para solicitar esa protección no se cuenta desde la sentencia de primera instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, sino desde la aprobación de la concesión de la patente y el pago de las tasas correspondientes, conforme al artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial. Fundó la decisión en que la sentencia de primera instancia no era firme o ejecutoriada al momento de dictarse, según el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y en que la ley exige el pago de tasas para entender concedida la patente. En consecuencia, invalidó la sentencia que había declarado inadmisible la protección pedida y otorgó al titular un plazo adicional de dos años y dieciséis días. Hubo votos en contra de dos ministros, quienes estimaron que el recurso no era procedente porque los eventuales errores de los jueces constituían un criterio interpretativo y no una falta o abuso grave.