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La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de amparo económico interpuesto…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de amparo económico interpuesto contra la Municipalidad de Estación Central, por el rechazo de la renovación y la declaración de caducidad de una patente de alcoholes. El recurrente alegaba haber pagado los derechos municipales por largo tiempo y que las dilaciones municipales impidieron el traslado de la patente. La municipalidad sostuvo que la patente no se ejercía efectivamente desde 2013 y que las solicitudes de traslado no fueron subsanadas. La Corte rechazó el recurso, con costas, al estimar que la inactividad comercial era real y que la decisión municipal aplicó legítimamente la normativa que rige la actividad, sin vulnerar el derecho a desarrollar una actividad económica lícita reconocido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución.

Normas citadas

  • Ley N° 18.695
  • Ley N° 18.971
  • Ley N° 19.925
  • Ley N° 3.063
  • Decreto Ley N° 3.063
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Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de amparo económico contra una municipalidad que declara la caducidad de una patente de alcoholes por no ejercerla?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el amparo económico, al estimar que la inactividad comercial de la patente era real y que la municipalidad aplicó legítimamente la normativa que rige la actividad, sin vulnerar el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

¿Las dilaciones de la municipalidad en la tramitación de un traslado de patente de alcoholes vulneran el derecho a desarrollar una actividad económica?

En este caso, la Corte no acogió el alegato, pues sostuvo que las solicitudes de traslado no fueron subsanadas y que la decisión municipal se ajustó a la normativa aplicable, por lo que no existió vulneración del artículo 19 N° 21 de la Constitución.

¿El pago de los derechos municipales por largo tiempo impide que una municipalidad rechace la renovación de una patente de alcoholes?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el pago prolongado de derechos municipales no bastaba para mantener la patente, ya que la inactividad comercial desde 2013 era efectiva y justificaba su rechazo y caducidad.

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